El nuevo reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (al que casi todos conocen como IPCC, por sus siglas en inglés), difundido hace algo más de tres semanas, ha tenido ciertamente una repercusión extraordinaria.
Ese impacto representa en verdad una respuesta muy positiva, pues revela la conciencia que tienen hoy los actores sociales y económicos acerca de la capacidad que el cambio climático tiene de influir sobre sus vidas y las actividades de la sociedad en el futuro inmediato y, más intensamente aún, en el mediano a largo plazo.
Una respuesta de este tipo es más notable en nuestro país, donde los ciudadanos no parecen típicamente tener la tentación de reflexionar sobre el futuro ni siquiera cuando un esfuerzo de ese alcance es imprescindible.
Este Sexto Reporte de Evaluación[1] del Grupo de Trabajo I, Bases Físicas, que se ha constituido en un nuevo punto de referencia para decisores políticos, planificadores, negociadores, investigadores, y también integrantes de las cadenas productivas e incluso miembros de los distintos componentes del sistema financiero global, contiene precisiones sobre el estado de situación del planeta y alerta, una vez más, sobre las encrucijadas decisivas que enfrenta la comunidad global en un plazo que no va mucho más allá de las próximas dos décadas. La crisis climática está ya presente, es urgente y puede ser catastrófica. Seguir leyendo →
Por primera vez en demasiados años una idea innovadora, el canje de deuda por acción climática —una iniciativa que parece crecer aceleradamente—, permite articular tres vectores de cambio hoy indispensables:
el alivio de la deuda externa de los países de ingresos medios y bajos,
la transición hacia la carbono neutralidad, y
la reducción de la desigualdad y la pobreza.
Si se examinan los instrumentos para el financiamiento de inversiones, la idea del canje de deuda por acción climática puede encuadrarse entre los instrumentos de deuda en los que pueden participar inversores públicos y privados, e involucran, de modo general, la compra por un inversor de un título de deuda en moneda extranjera a un país acreedor y luego su canje a un país deudor para la implementación de iniciativas climáticas.
Este 23 de julio concluyó el encuentro de ministros de Ambiente y Energía del G20 en Nápoles, Italia, con la aprobación de un comunicado conjunto, el Comunicado Ambiental del G20, que constituye el resultado de semanas de negociaciones y dos días de sesiones ininterrumpidas.
Aunque el comunicado abarca cuestiones sin duda transcendentes, la reunión envía algunos signos adversos de cara a la ya próxima Conferencia de las Partes, la vigésimo sexta, a celebrarse en Glasgow, Escocia, a principios de noviembre próximo, después de un hiato de casi dos años.
Esta nota tiene por objetivo brindar una introducción a una serie de resúmenes de políticas sobre temáticas vinculadas con cómo las transiciones globales pueden generar nuevos riesgos, desafíos y oportunidades para Argentina, influyendo de manera positiva o negativa en su competitividad en función de la consistencia de sus políticas climáticas, energéticas, productivas y económicas, entre otras, con una acción climática estrictamente alineada con el Acuerdo de París.
En tal sentido, el documento no pretende agotar las temáticas aquí planteadas, sino contribuir a catalizar el debate e introducir algunas de las principales cuestiones que serán abordadas con mayor detalle en entregas posteriores de esta serie.
El aumento de la ambición de las políticas climáticas de cara a la vigésima sexta Conferencia de las Partes (COP26) y la consolidación del régimen climático internacional tendrán también, según se desprende de los proyectos de marcos regulatorios que están siendo discutidos, un efecto considerable en las reglas del juego que determinan los flujos del comercio y de la inversión mundial.
En estas circunstancias, las políticas orientadas a combatir el cambio climático que implemente o retrase implementar la Argentina en este tiempo, afectarán asimismo las condiciones de acceso al financiamiento climático internacional y su costo, con consecuencias para la competitividad de la economía y la de las empresas exportadoras argentinas.
Por su parte, el sector privado, que será uno de los mayores afectados por las transformaciones globales, tiene un amplio margen de acción al interior de las firmas, tanto para responder individualmente a estos desafíos, como para incidir colectivamente para contribuir a las transiciones de los sistemas energéticos, productivos y de transporte de la Argentina, entre otros sectores clave. Seguir leyendo →
Llegar a Madrid en este diciembre inesperadamente benigno hace encontrarse con una ciudad solo levemente alterada por la COP 25.[1] Una enorme marcha ciudadana para exigir mayor (alguna) ambición en la acción climática, realizada el viernes 6, no consigue interrumpir del todo las rutinas de los madrileños. Viniendo de América latina, donde las calles se han vuelto el escenario central de los conflictos políticos y de reclamos sociales irresueltos, esa movilización parece inusualmente civilizada, casi gentil, aunque muy apropiada. “La esperanza no está dentro de los muros de la Conferencia [la COP 25], sino aquí en la calle” y “queremos acción real, pero la acción no esta sucediendo”, fue su conclusión.
Es que las Conferencias de las Partes dedicadas al cambio climático han cambiado mucho, o al menos así se lo parece a este observador. En este cuarto de siglo de reuniones sucesivas han, en efecto, mutado.
Durante un tiempo, en los inicios, fueron sesiones casi recoletas, para negociadores y científicos, con la participación de algunos representantes de la sociedad civil muy conocedores del tema, donde se discutían cuestiones que no estaban casi en la agenda de la sociedad y solo marginalmente en la agenda política.[2]
Las cosas empezaron a cambiar en Kioto, pero la negociación sobre un régimen de gobernanza para enfrentar el cambio climático siguió siendo en esencia, como sugiere el negociador británico John Ashton, el resultado de un proyecto científico al que la clase política respondía con cierta morosidad y muchas cavilaciones. Es que el cambio climático tenía claras implicancias políticas y consecuencias dispares para la sociedad y la economía. Se trataba de impulsar la creación de las condiciones de gobernanza a escala planetaria para enfrentar un problema global, respecto del cual la ciencia hacía un llamado angustiado y perentorio a la acción. Actuar implicaba, por cierto, decisiones políticas muy difíciles pero necesarias, si se querían evitar las consecuencias del problema, que los científicos caracterizaban con precisión, aunque no con plena certidumbre.
A partir de Copenhague, en el 2009, las conferencias de las partes se volvieron crecientemente un asunto de visibilidad política, pues la cuestión se ubicó de lleno en la agenda internacional. Las reuniones empezaron a contar con una presencia cada vez más masiva de negociadores y las delegaciones a estar integradas por líderes políticos del más alto nivel mundial, mientras los medios de comunicación intentaban recoger los detalles técnicos de la negociación lo mejor que podían, pese a su complejidad.
El Acuerdo de París marcó el inicio de una nueva etapa e introdujo un cambio esencial en la arquitectura del régimen climático. A partir de entonces ganaron espacio, casi inevitablemente, los actores no estatales, los estados subnacionales, algunas empresas (cada vez más) deseosas de mostrar que estaban dispuestas a recorrer un camino nuevo hacia la transición, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades de pueblos originarios -entre los mas afectados por los impactos del cambio climático, pero también por las transformaciones que provocaron el fenómeno-, los jóvenes, que heredarán inexorablemente la devastación ocasionada por estos dos siglos largos de crecimiento desequilibrado y desigual.
La COP 25 de Chile, aunque realizada en Madrid, por cierto, prolonga esta tendencia. En un espacio concebido idealmente para dialogar, encontrar puntos comunes, y acordar, proliferaron los conflictos que nacen de la confrontación de intereses nacionales particulares ocultados hábilmente mediante tecnicismos. Los actores políticos, las naciones, parecen cada vez más incapaces de alcanzar un acuerdo mínimo. Prevalecen los lideres irresponsables, superficiales, insensibles. Lo que Paul Krugman califico ‘the unwisdom of elites” se ha hecho mas severo y mas potente en la arena internacional -y no solo en el ámbito de las decisiones sobre el cambio climático-, e impulsa la fragmentación, a la vez que debilita y aísla los delicados procesos de cooperación aún en marcha.
En estas circunstancias, como la inercia política en las naciones poderosas no consigue ser contrapesada por los esfuerzos de algunos bloques de países, a veces numerosos, pero que carecen de peso suficiente per se para aumentar la potencia del régimen de gobernanza, son precisos nuevos liderazgos, y se hacen claramente visibles aquellos que vienen de los bordes del sistema y expresan mayormente rechazo.
La construcción social del liderazgo no exime de observar que hay un vacío nacido de la incapacidad para la acción y para la ambición al enfrentar el cambio climático, cuando la acción es tan imprescindible como urgente.
No basta sin embargo, con un puro liderazgo mediático; es preciso construir o, más precisamente reconstruir, uno orientado a la cooperación y capaz de ser solidario.
Para eso tal vez sea necesario crear una nueva vía para canalizar los impulsos de cooperación que hoy parecen insuficientes para movilizar plenamente el Acuerdo de París.
[1] La COP 25, la vigésimo quinta conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Madrid del 2 al 13 de diciembre de 2019, que en la práctica concluyó el 15 de ese mes.
[2] No incluimos naturalmente en esta caracterización la Cumbre de Rio en 1992, donde se acordó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y fue un evento de extraordinaria convocatoria social.
Hace ya varios años se habla, se escribe, se debate sobre la sostenibilidad. En el ámbito académico, entre los dirigentes políticos, aún los lideres corporativos, refieren a la sostenibilidad como una noción que podría integrar satisfactoriamente el corpus de aspiraciones de una sociedad en crisis, como una alternativa para superar los déficits sociales y los severos impactos ambientales, sin perder nada de la pulsión del beneficio privado.
No obstante, la pandemia del coronavirus desvela, por si hiciera falta, una realidad dramática en los países en desarrollo: las medidas de aislamiento social pueden tal vez ser eficaces, pero como soportan la cuarentena -actual o próxima- millones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad? Aquellos que ya pasan hambre, viven al día, habitan una vivienda miserable, están desnutridos o mal alimentados, no tienen cloacas y ocupan la periferia de un sistema que los incluye y los excluye por oleadas, según el humor de los mercados, las fluctuaciones de los precios internacionales, la evolución de la economía mundial, los flujos financieros que migran aceleradamente según la rentabilidad diferencial de derivados financieros complejos, mientras la concentración de la riqueza y la desigualdad crecen.
Es un mundo en el que la desigualdad ha venido profundizándose constantemente en casi todos los países, aún con trayectorias nacionales diversas, que subrayan la importancia de los marcos institucionales y de políticas que en cada uno de ellos prevalecen.
Seguramente en el corto plazo hay un conjunto de medidas de política económica y distintas intervenciones del estado que permitirán atenuar el impacto del aislamiento forzoso sobre los grupos sociales más vulnerables por las condiciones de su vida cotidiana.
La cuestión, empero, es como una sociedad desigual atraviesa este tiempo sin plazos, pleno de incertidumbres, amenazante, con la vida de los ciudadanos cuasi en suspenso? Y luego, cómo se enfrentan las consecuencias brutales de esta crisis sobre la salud y sobre la economía nacional?
Es posible, además, vislumbrar un efecto no deseado del aislamiento social: el enorme impacto pedagógico que representa adquirir una conciencia plena del valor de ciertos bienes cuya disponibilidad hasta aquí una parte de la sociedad daba casi por sentado: alimento, agua, electricidad. El aislamiento exige necesariamente empezar a valorar y a administrar austeramente, por ejemplo, los alimentos, prescindir de bienes de consumo casi seguramente innecesarios, revalorar la introspección y los bienes culturales. En definitiva, repensar los patrones de consumo y el estilo de vida que caracterizaran los últimos cincuenta años largos de expansión económica y devastación ambiental.
Tal vez, seria asimismo posible que la sociedad reflexione sobre inadmisibilidad ética y el riesgo que significa tener sociedades tan desiguales que hacen inviable el futuro colectivo.
Por cierto es preciso además una reflexión colectiva acerca de como evitar que un sistema que parece gobernado por algoritmos conduzca finalmente a la humanidad a un destino trágico.
Es que después de casi doscientos cincuenta años de desarrollo económico del sistema capitalista -con sus claroscuros brutales- hoy la humanidad se enfrenta a dos crisis igualmente desesperanzadoras: la crisis de salud y la crisis ecológica. Hay, si, una diferencia: el corona virus se despliega a la velocidad de los tiempos de la globalización. El cambio climático avanza con los ritmos de los procesos biogeofísicos y al compás del avance inexorable del hombre sobre los ecosistemas.
Una de las preguntas centrales que es necesario formular es cuál es el espacio, y cuánta la voluntad social para corregir o reformar radicalmente los desequilibrios que el sistema económico reproduce y agudiza.
“Colectivamente los miembros del G20 no han asumido aún sus compromisos climáticos transformadores con la amplitud y la escala necesaria
Esta afirmación contenida en el capítulo de difusión anticipada del ya tradicional reporte de “Brecha de Emisiones”, que viene elaborando todos los años el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UN Environment), vuelve a elevar al primer plano en la arena internacional no sólo la persistente brecha de emisiones, si no la distancia considerable entre la ambición en las declaraciones y la ambición en la acciones de buena parte de los países que integran el G20.[1]
Dicho de otro modo, el G20, que en conjunto produce el 80 por ciento de las emisiones globales, no está encaminado a alcanzar los compromisos de París.
Para suavizar algo el tono de este aserto tan severo, el reporte sostiene que, por contraste, los países que integran el G20 tienen enormes oportunidades para llevar adelante reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero rápidas y profundas, según surge de las investigaciones que realiza Naciones Unidas. Cabría preguntarse, empero, si las oportunidades son tan vastas, cuáles son las razones esenciales para que los países más poderosos y con más recursos del planeta aún sean reacios a aprovecharlas o incapaces de hacerlo.
Este anticipo del informe especifica, además, las causas de la continuada brecha de emisiones y señala, en particular, aquellas áreas con alto potencial de mitigación en las que también hay considerables brechas en la acción:
Muy pocos países del Grupo se han comprometido a metas netas de emisiones cero de gases de efecto invernadero;
Las acciones siguen siendo muy limitadas en áreas tales como la plena remoción de los subsidios a los combustibles fósiles, la efectiva introducción de precios al carbono (cuando sea apropiado), y, especialmente, en hacer que los flujos financieros para la acción climática se adecuen a las metas del Acuerdo de París;
Los compromisos de los países del grupo para decarbonizar la oferta de electricidad cubren menos del 1 por ciento de las emisiones globales de CO2 provenientes de la generación eléctrica;
Los países no están estableciendo metas ambiciosas para la industria; y,
Los compromisos referidos a metas de deforestación netas iguales a cero no están siendo respaldados con acciones congruentes con esos compromisos.
El Informe también sostiene que los países deben triplicar su nivel de ambición en la contribuciones nacionales actuales para tener la posibilidad de contener el aumento de la temperatura global por debajo de
2° C, y, si se quisiera alcanzar el objetivo de 1.5 °C, deberían entonces quintuplicar su ambición en la acción.
La Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha sostenido en relación con este informe que “sólo es posible evitar la disrupción climática planetaria con el pleno compromiso de las naciones del G20 con un futuro de cero carbono. Hasta ahora no han hecho lo suficiente.”
Este capítulo del Informe sobre Brecha de Emisiones fue dado a publicidad con antelación a la Cumbre de Acción Climática convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas para estos días. El reporte íntegro será publicado a fines de noviembre de este año, antes de la Vigésima Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará en Santiago de Chile, a principios de diciembre del 2019.
[1] El Grupo de los 20 (G-20) es un foro internacional que, desde 1999, reúne a los principales países industrializados y a los países de representan las principales economías emergentes del mundo. Está formado por 19 países más la Unión Europea, incluyendo a Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. España, por su parte, es invitado permanente.
Fuente:
Höhne, N., Fransen, T., Hans, F., Bhardwaj, A., Blanco, G., den Elzen, M., Hagemann, M., Henderson, C., Keesler, D., Kejun J., Kuriyama , A., Sha, F., Song, R., Tamura, K., Wills, W. (2019). Bridging the Gap: Enhancing Mitigation Ambition and Action at G20 Level and Globally. An Advance Chapter of The Emissions Gap Report 2019. United Nations Environment Programme. Nairobi.
Comunicado de prensa. UN Environment Programme. 21 de Setiembre de 2019.
El lunes 10 de diciembre, al inicio de la segunda semana de sesiones de la Conferencia de las Partes en Katowice, mientras se producía gradualmente la transición desde la discusión eminentemente técnica de los textos, a la política, se llevó a cabo un encuentro ministerial de alto nivel sobre financiación climática.
El financiamiento climático es uno de los pilares de la arquitectura del Acuerdo de París y aunque hay numerosas opiniones sobre como llevarlo a la escala necesaria y crece solo lentamente la magnitud de los recursos que se proveen para la acción climática, no ha sido posible aun poner en vigor un sistema que de sustento financiero a las transformaciones que se han de desenvolver para la descarbonización profunda de la economía global. Más difícil todavía parece ser encauzar los recursos que se estiman necesarios para la adaptación y reforzar la resiliencia.
La vigésimo cuarta Conferencia de las Partes que se desarrolla en Katowice, Polonia debe ser capaz de entregar una respuesta política decisiva a las cuestiones que plantea el reciente “Informe especial sobre el calentamiento global de 1.5°C”, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Ese reporte confirma la necesidad de mantener el compromiso con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento muy por debajo de los 2°C y continuar con los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C.
El informe del IPCC destaca que el planeta ya se ha calentado en alrededor de un 1°C debido a la actividad humana. Como consecuencia de esa variación, el cambio climático está afectando a comunidades, ecosistemas y medios de subsistencia en todo el mundo; asimismo, algunos eventos, como las tormentas extremas, las inundaciones o las sequías, provocan impactos que con frecuencia afectan de manera desproporcionada a las personas más pobres y mas vulnerables. Algunas de las zonas más vulnerables a los impactos del cambio climático suelen ser las islas pequeñas, pero también las mega ciudades, las regiones costeras y las zonas montañosas.
Entre las principales conclusiones de un reporte encomendado en 2017 a la Organización Mundial de la Salud (OMS),[1] precisamente sobre Salud y Cambio Climático, se destaca aquella que confirma que los impulsores del cambio climático, principalmente el uso de combustibles fósiles, resultan también en una carga de enfermedad considerable y tienen una influencia importante en la ocurrencia de las aproximadamente 7 millones de muertes anuales ocasionadas por la contaminación aérea. Asimismo, el informe concluye que un número significativo de las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acciones que mejoran la salud y aumentan la resiliencia, se despliegan primariamente a nivel subnacional, especialmente en las ciudades.
Durante la COP 23, su presidente, el Primer Ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, encargó a la Organización Mundial de la Salud, un estudio sobre los vínculos entre cambio climático y salud, para que fuera considerado durante la COP 24. El estudio dado a publicidad hace un par de días también indaga acerca de las iniciativas que la comunidad de la salud pública está desarrollando -a nivel nacional, regional y global-, para apoyar y expandir las acciones orientadas a impulsar la implementación del Acuerdo de París; esas acciones deberían también hacer posible una sociedad mas saludable y, a la vez, mas sostenible. El estudio contiene, asimismo, unas recomendaciones para los tomadores de decisión y para los negociadores que están destinadas a maximizar los beneficios en salud que resultan de hacer frente al cambio climático y de evitar los peores impactos sobre la salud de este desafío global.
Fundación Torcuato Di Tella