Desde hace tiempo, aquellos que impulsan el establecimiento de un régimen climático global han sostenido que, entre sus formidables beneficios, debía contarse la contribución que pudiera hacer la gobernanza climática a la seguridad global.
Basta pensar en los refugiados climáticos, cuyo número se habrá de incrementar progresivamente, en los impactos sobre la agricultura y sus implicancias en términos de seguridad alimentaria a escala regional y global, y la destrucción del hábitat provocada por las perturbaciones agravadas del sistema climático.
Hay una dimensión algo menos explorada de los vínculos entre energía, seguridad y cambio climático.
Es que, si bien hay reservas de combustibles fósiles en buena parte de las regiones del planeta, la concentración de la oferta principal de petróleo y gas en un número reducido de países y la creación de un flujo gigantesco de recursos como resultado de la masiva producción y comercialización de petróleo y gas han permitido en algunos casos el financiamiento sostenido de las acciones del terrorismo internacional y la agudización de los conflictos geopolíticos en una región del planeta que tiene una ya larga historia de enfrentamientos alimentados también por los intereses vinculados a la producción hidrocarburífera.
Luego, una de las consecuencias esperadas de la descarbonización profunda de la economía mundial, que es uno de los objetivos centrales del acuerdo 2015 de París, debería ser la reducción de la demanda de combustibles fósiles, y por ende la paulatina disminución de los flujos financieros vinculados al negocio fósil, así como la expansión de las energías renovables no convencionales aportaría a la descentralización de la oferta energética, y a la desconcentración de la provisión de energéticos.
La gobernanza climática debería contribuir también al fortalecimiento de los derechos humanos de los habitantes del planeta.
En estas circunstancias, podrá esperarse no solo una disminución de los conflictos regionales relacionados con oferta hidrocarburífera más concentrada, sino también la eventual contracción de los flujos de recursos que puedan ser canalizados a la financiación del terrorismo a escala global.
Aunque no estuviera inserido de manera explícita en el acuerdo, la gobernanza climática debería contribuir también al fortalecimiento de los derechos humanos de los habitantes del planeta, incluyendo el derecho a una vida plena, sin hambre y con igualdad de oportunidades, en democracia, con la posibilidad de expresarse en libertad y elegir a los gobernantes, evitando, además, cercenar las posibilidades vitales de las generaciones futuras, legándoles un planeta en camino de ser devastado y un escenario de conflictos seculares.
Fotografía: Oil field 2, por Ken Douglas, Flickr, 2006 (licencia CC BY-NC-ND 2.0).
Fundación Torcuato Di Tella