La Argentina necesita desarrollar con urgencia y poner en acto una política climática acorde con sus circunstancias nacionales y su visión del futuro.
Examinar en profundidad los motivos por los que el país hoy carece de ella excedería el espacio de esta nota de opinión y haría necesario referirse, entre otras, a la pobreza de los procesos de formulación de políticas públicas en nuestro país, a una persistente degradación de las instituciones republicanas y a la incapacidad casi crónica de adoptar y mantener políticas de Estado.
Por contraste, hay numerosas razones para avocarse de inmediato al diseño de una política climática para la Argentina que refleje el interés nacional, una visión compartida sobre el futuro, las que debieran ser alineaciones estratégicas de la Argentina en el escenario internacional, el perfil productivo de largo plazo de nuestro país, la estructura de la matriz energética que aspiramos a construir y —sobre todo— recuperar, como parte de esa política, la larga tradición argentina de solidaridad internacional, abstención de intervenir y de acatamiento al derecho internacional.
Si aparentemente la cuestión climática está primariamente incluida en la esfera de lo ambiental, cabría preguntarse por qué razón no se hace referencia explícita a la dimensión ambiental en el párrafo anterior. Conviene aclarar que, si bien la negociación en curso sobre un régimen de gobernanza climática internacional tiene como principal objetivo la protección del sistema atmosférico en su condición de bien publico global —ciertamente uno de los commons mayores a escala planetaria—, la instauración de un régimen climático aplicable a todas las partes tiene implicancias muy fuertes en los diversos ámbitos en los que el marco regulatorio que se habrá de crear es de esperar que sea capaz de producir transformaciones radicales.
Las definiciones en la política climática exceden largamente la sola dimensión ambiental y sus efectos se derraman sobre otros espacios de decisión y de interés.
Efectivamente, un acuerdo climático en París —aún uno de baja intensidad—, enviará señales dirigidas a provocar vastos cambios en los sistemas energéticos globales, alterará las condiciones que determinan la competitividad internacional de las naciones, y modificará en parte los flujos financieros globales, así como habrá de tener un impacto sobre el comercio internacional, al introducir la huella de carbono como un posible atributo o una desventaja inherente a los bienes y servicios transables en los mercados mundiales. Más aún, las regulaciones que eventualmente se establezcan podrán contribuir a generar efectos sobre el valor de los activos de empresas y enteros sectores económicos, estableciendo las condiciones para que haya ganadores y perdedores al interior de las economías nacionales e incluso en el ámbito de la economía mundial.
De modo que actualmente las definiciones en la política climática exceden largamente la sola dimensión ambiental y sus efectos se derraman sobre otros espacios de decisión y de interés, e influyen sobremanera en las relaciones entre países, sea éstas políticas como económicas.
En consecuencia, la definición de una política climática permitiría simultáneamente perseguir varios objetivos complementarios. En primer lugar, haría posible contribuir a reafirmar la inserción de la Argentina en el mundo, revisar las alianzas presentes para reconstruir un sistema de alianzas estratégicas y recuperar los principios que las animan. La Argentina debería abandonar, pues, la asociación en la negociación climática con aquellos países que han sido tradicionalmente más reacios a la consecución de un régimen climático global, ambicioso, justo y eficaz, y volver a acercar las posiciones internacionales en esta materia con la de los principales países de América Latina.
En segundo lugar, es esencial que la política climática permita también recuperar una visión que proponga el compromiso activo con la lucha contra el cambio climático, abandonando la retórica hueca y el uso cínico de los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como una excusa para la inacción. Este debe ser un aspecto central de la política climática, la idea que no solo es conveniente y necesario desarrollar intensas acciones en materia de mitigación, sino que es la opción éticamente apropiada tanto desde la perspectiva de la cooperación internacional como de los derechos ciudadanos, intra e intergeneracionales.
Hay, además, numerosas razones para que la Argentina avance en dirección de una ambiciosa meta de mitigación, no solo por sus ya muy elevadas emisiones per cápita actuales, sino por el extraordinario potencial de mitigación que tienen nuestro país, y que ha venido negándose a poner en valor. Ese potencial puede ser aprovechado eficazmente no sólo para impulsar una intensa ola de innovación que incluya a tecnologías y procesos, sino también para conferirle atributos de eficiencia climática al muy vasto programa de inversión en energía, infraestructura de transporte y de comunicaciones, en vivienda, en salud y en educación, que es preciso poner en marcha de inmediato en el país.
La Argentina tiene la posibilidad de desarrollar un ambicioso programa de inversión en energías renovables que permita hacer uso de los vastos recursos disponibles en ese campo.
En el caso particular de la energía debe notarse que, pese a la mirada tradicional que suele predominar en el sector respecto de la viabilidad de una introducción masiva de energías renovables no convencionales, la Argentina tiene la posibilidad de desarrollar un ambicioso programa de inversión en energías renovables que permita hacer uso de los vastos recursos disponibles en ese campo. Para los que se oponen a esta opción por razones que parecen ser predominantemente técnicas, basta mencionar la revolución silenciosa que en esta materia están llevando a cabo países vecinos, como Chile y Uruguay, lo que les ha permitido expandir la oferta de energía y desatar una poderosa corriente de inversiones, sin que para ello haya hecho falta la utilización de los recursos presupuestarios del Estado; sólo fue necesario que hubiera voluntad política al más alto nivel, un claro marco de políticas y regulatorio, y la creación de un ámbito institucional que promoviera la inversión en el sector con respeto por los derechos de propiedad, pero también de la capacidad del Estado de regular y controlar.
Debe decirse que es posible concitar un robusto apoyo para iniciativas de este tipo que ha sido hasta aquí desperdiciado por impericia, miopía o, lo que sería más grave, porque resultaba más conveniente para determinados grupos de interés continuar con la importación —en particular de gas— y hacerlo con frecuencia a costos gravosos para el país y para el equilibrio fiscal.
Por otra parte, es preciso que quede claro que será muy difícil materializar una economía competitiva, abierta al mundo y con participación creciente en los mercados mundiales si la Argentina no toma en cuenta la posibilidad de la creación más temprano que tarde de mecanismos (impositivos o de otro tipo) que creen barreras de acceso a mercados para aquellos países que no pongan en marcha esfuerzos de mitigación a la escala que les sea posible.
Se abren en materia de mitigación del cambio climático innumerables oportunidades para la cooperación, tanto sur-sur como norte-sur, lo que permitiría movilizar recursos, crear empleo altamente calificado en actividades de avanzada, y desatar procesos innovadores, en sectores clave de la economía argentina, entre ellos el de la energía, pero también el de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, un área crítica para la Argentina en la que es posible lanzar un ambicioso programa de expansión de los sumideros de carbono, tanto en materia de reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, así como mediante la expansión de la forestación, apropiada a su localización, en el vasto y con frecuencia desaprovechado territorio nacional.
Pero, además, la Argentina podría encontrar espacios para que sus investigadores, técnicos y empresarios puedan contribuir a esfuerzos de cooperación proveyendo asistencia técnica en sectores en los cuales la capacidad instalada argentina, en el campo científico-técnico y de la aplicación tecnológica; puede también facilitar esfuerzos de transformación en otros países de la región, de Asia y de África, cooperando y ampliando el horizonte y la escala de nuestras acciones.
La política climática debe incluir la consideración sistemática de la adaptación, incluyendo de manera prioritaria los posibles efectos en los grupos más vulnerables de la población.
Adicionalmente, la política climática debe incluir la consideración sistemática de la adaptación, incluyendo de manera prioritaria los posibles efectos en los grupos más vulnerables de la población y considerando los patrones consolidados de poblamiento del territorio nacional. Es preciso aquí utilizar a pleno las sobresalientes capacidades científicas y técnicas de los grupos de investigación que han trabajado en materia de adaptación al cambio climático para avanzar de una buena vez con una estrategia nacional de adaptación que incluya la problemática de los asentamientos urbanos, entre ellos las grandes ciudades, los impactos sobre la salud, y también los efectos sobre la actividad agropecuaria, la gestión de los recursos hídricos, los recursos marinos, y en general los ecosistemas vulnerables de nuestro país.
Se trata, por cierto, de un desafío enorme, pero enfrentarlo resulta tan imprescindible como factible, si lo vemos a la luz de nuestras capacidades nacionales.
Fotografía: iceman (Glaciar Perito Moreno, Patagonia, Argentina), por Nuno Lopes, Flickr, 2013 (licencia CC BY-NC-ND 2.0).
Fundación Torcuato Di Tella